La gobernabilidad del ingeniero

Desde la definición del ballotage entre Macri y Scioli, a favor del primero, comenzó a plantearse si el Ingeniero podría esgrimir “gobernabilidad” real o no.

El problema es que “gobernabilidad” tiene múltiples definiciones. Éste término polisémico nos puede llevar por un laberinto de interpretaciones. Por lo cual, y para simplificar, solo voy a tomar dos enfoques para tratar de responder a la pregunta de si el Ingeniero podrá gozar o no de gobernabilidad.

Algunos autores, entre ellos Camou (2001), entienden la gobernabilidad como un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta del gobierno sobre las mismas, en donde la legitimidad de las acciones de éste último es un componente esencial.

Lo concreto es que la mayoría de la sociedad argentina, el 51,4% optó por un cambio de rumbo en la gestión. Por lo que, en primera instancia las acciones del ingeniero poseen un respaldo tangible, porque son la respuesta a una demanda social previa. Como por ejemplo, la apuesta al diálogo, lo que conllevó la histórica reunión con los Gobernadores en la Casa Rosada para revisar el tema de la coparticipación y las economías regionales, la reapertura del diálogo con la prensa independiente, la valorización del oponente como adversario y no como enemigo, que puede verse en la convocatoria de los candidatos a la Casa Rosada para compartir ideas, y el nombramiento de Lousteau –adversario político durante la elección a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- como Embajador en Washington.

Pero, también hubo situaciones en donde el ingeniero debió revisar sus decisiones, como cuando debió cambiar su intención de nombrar a Juan Cruz Ávila como Secretario de Políticas Universitarias, quien posee un perfil más cercano al sector privado. La presión ejercida por la comunidad académica, logró hacer reflexionar al Presidente, quien finalmente optó por Albor Cantard, de reconocida trayectoria académica y que ejercía hasta la asunción del cargo como Rector de la Universidad Nacional del Litoral.

Estas decisiones, fueron rápidas respuestas gubernamentales ante demandas sociales, gozando de una alta legitimidad ante aquellos sectores que impulsaron reclamos.

Por otro lado, otros autores como Prats (2001), entienden la “gobernabilidad” como la interacción entre los actores, las reglas e instituciones y, el grado de conflicto que puede ser procesado por dichas reglas e instituciones.

Con estas variantes Camou construye una escala de gobernabilidad que va desde la “gobernabilidad ideal” en donde no existen conflictos, hasta la “ingobernabilidad”; pasando por una gobernabilidad normal en donde existe un equilibrio entre demandas y respuestas; un déficit de gobernabilidad en donde las demandas superan la posibilidad de respuesta del gobierno; y, una crisis de gobernabilidad en donde existen anomalías en el sistema y las demandas casi no pueden ser atendidas por el gobierno.

La gestión del Presidente aún es escueta en cuanto a tiempo, ni siquiera han transcurrido dos semanas desde su asunción. Pero, podemos vislumbrar múltiples focos conflictivos, como el impuesto a las ganancias, el cepo del dólar, la designación de dos jueces para completar la Corte Suprema de Justicia y las acciones en torno a la Ley de Medios.

Las resoluciones totales o parciales sobre cada conflicto: excepción del impuesto a las ganancias de los trabajadores cuyo salario bruto sea inferior a $30.000, y la liberalización del cepo al dólar.

La designación de dos jueces fue cuestionada tanto por opositores políticos, como por la sociedad civil, como por ámbitos internos del gobierno. Aun así, será aplicada tras una dilación consensuada con la propia Corte Suprema de Justicia por la feria de Enero. Sin dudas, más allá de los debates sobre la letra chica y que el decreto haya recorrido sobre la delgada línea de la inconstitucionalidad, se vislumbra un poder de resolución favorable hacia el nuevo gobierno, en donde establece claramente, y aferrándose a las reglas vigentes una forma de avanzar con sus acciones. El conflicto pudo ser absorbido o en el mejor de los casos dilatado.

En tanto, a la espera se encuentra ahora la situación con la Ley de Medios que el gobierno quiere revisar, y en donde existe un manifiesto conflicto de intereses.

Por lo visto hasta el momento, y resaltando el breve tiempo transcurrido desde la asunción el pasado 10 de diciembre, el Presidente no se aparta de las reglas, revisa en ocasiones sus decisiones en favor de las demandas sociales, y se mantiene dentro de las expectativas de cambio por las cuales fue electo. Por lo que parece exhibir una gobernabilidad normal. Y hay que recordar que lo normal considera la existencia de conflictos, a la vez que también juega con el doble filo de la legalidad y la legitimidad para la resolución de los mismos.

 

* Artículo publicado en la edición impresa del Diario Uno Santa Fe, el Martes 22 de diciembre de 2015.-

** Imagen extraída de www.lanacion.com